Expertos destacan impacto de la justicia constitucional en la estabilidad del orden económico
Los juristas participaron en el panel «El Tribunal Constitucional como guardián de la Constitución económica», desarrollado durante la sexta edición de la Cátedra Dr. Manuel Bergés Chupani: Integridad Judicial
SANTO DOMINGO.– El papel del Tribunal Constitucional (TC) en la protección del orden económico establecido por la Constitución y su contribución al fortalecimiento de la seguridad jurídica fueron destacados por expertos durante la sexta edición de la Cátedra Dr. Manuel Bergés Chupani: Integridad Judicial.
El análisis se desarrolló en el panel «El Tribunal Constitucional como guardián de la Constitución económica», dedicado a examinar las disposiciones constitucionales que regulan la actividad económica del país y el papel de la jurisdicción constitucional en la protección de los derechos y principios vinculados con este ámbito.
El panel estuvo integrado por el magistrado Amaury A. Reyes Torres, juez del TC; el Dr. Eduardo Jorge Prats, jurista y catedrático; la Licda. Mónika Infante, abogada y ejecutiva de Manzanillo Gas & Power, y el Dr. Luis Miguel Pereyra, jurista y catedrático. La conversación fue moderada por la Licda. Anyarlene Bergés, abogada y ejecutiva de INICIA.
Al abordar el concepto de Constitución económica, Jorge Prats explicó que, aunque inicialmente era concebido como un término compartido, en la actualidad tiene un carácter fundamentalmente descriptivo.
«Lo que esto denota es básicamente el conjunto de disposiciones constitucionales que tratan sobre la economía. En el caso de la Constitución de 2010, que siempre digo que es una Constitución 5G, última generación, último modelo, tiene todo un título dedicado al régimen económico y hay claramente una Constitución económica que está delineada en sus aspectos fundamentales», afirmó.
De su lado, Luis Miguel Pereyra centró su intervención en la seguridad jurídica como uno de los elementos fundamentales de la Constitución económica, al considerar que esta genera confianza y estabilidad para las inversiones y contribuye a reducir los niveles de incertidumbre.
En ese contexto, valoró la labor desarrollada por el Tribunal Constitucional desde su creación en materia de protección del orden económico constitucional y citó como muestra varias decisiones de la alta corte relacionadas con la actividad comercial y los derechos económicos.
El magistrado Amaury A. Reyes Torres abordó la jurisprudencia del TC vinculada con la actividad económica y destacó su incidencia en la protección de la seguridad jurídica, el derecho de propiedad, la libertad de empresa y los derechos de los consumidores.
Explicó que el Tribunal ha mantenido una línea jurisprudencial orientada a preservar el mercado económico, procurar que las reglas sean razonables y fortalecer la seguridad jurídica. Como ejemplos, citó las sentencias TC/0226/13, TC/0496/25, TC/0556/26, TC/0049/12 y TC/0267/26.
Desde la perspectiva del sector privado, Mónika Infante señaló que la Constitución económica trasciende el establecimiento de un marco jurídico, debido a que incide directamente en las decisiones de inversión, el costo del financiamiento, la percepción de riesgo de un país y, en consecuencia, en el costo final de los bienes y servicios.
«Los inversionistas tienen que saber que hay un compromiso creíble, no solamente con el texto que está en la Constitución y las protecciones que existen en la Constitución, sino también con todo lo que es la ejecutoriedad y las decisiones de los tribunales y, obviamente, las decisiones del Tribunal Constitucional, en respetar y proteger esas disposiciones constitucionales», resaltó.
Sobre la Cátedra
La sexta edición de la Cátedra Dr. Manuel Bergés Chupani: Integridad Judicial estuvo dedicada a la memoria del jurista y profesor Juan Manuel Guerrero de Jesús y reunió a jueces, abogados, académicos, autoridades gubernamentales, estudiantes, actores del sistema judicial y servidores constitucionales.
La iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por el Tribunal Constitucional para promover la enseñanza, el análisis y la difusión de la Constitución y de los principios que sustentan el Estado social y democrático de derecho.
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