Letrada del TC participa en panel sobre casación civil y laboral
Esta cumbre abordó el impacto de los cambios políticos, sociales, económicos y tecnológicos en los sistemas jurídicos contemporáneos.
SANTO DOMINGO. La Lcda. Julia Muñoz Santana, letrada del Tribunal Constitucional (TC), participó en el panel titulado «Los desafíos de la casación civil y laboral en la República Dominicana y Colombia», realizado en el marco de la Cumbre Mundial de Derechos 2026, organizada por el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales (IGLOBAL) y la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), en el marco de dicha cumbre, a la que asistió la magistrada Eunisis Vásquez Acosta, segunda sustituta del presidente de esta alta corte.
En el encuentro formativo, moderado por la abogada Laura Serrata, Muñoz Santana trató varios puntos sobre los criterios de admisibilidad del recurso de casación, incluyendo plazos, cuantía (en salarios mínimos) e interés casacional, así como los principales vicios procesales o medios equivalentes en ambos sistemas que dan lugar a la casación de la decisión impugnada.
En su intervención, la letrada indicó que la casación civil, al igual que la laboral, ha tenido importantes cambios en la República Dominicana a partir de la modificación introducida por la Ley núm. 2-23, que transformó por completo la normativa de este recurso extraordinario, ya que anteriormente estaba regulado por la Ley núm. 3726 de 1953, modificada por la Ley núm. 491-08.
Explicó que este cambio normativo se produjo a raíz de la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 5 de la Ley núm. 491-08, el cual disponía que el recurso de casación solo podía interponerse cuando la cuantía superara los 200 salarios mínimos, criterio que el Tribunal Constitucional consideró excesivo.
Agregó que, a partir de esta decisión, se dispuso que el legislador redujera dicho monto a uno más razonable, junto con la implementación del filtro del interés casacional. Agregó que, a partir de esta decisión, se dispuso que el legislador redujera dicho monto a uno más razonable, junto con la implementación del filtro del interés casacional, fijándose bajo la nueva normativa en cincuenta (50) salarios mínimos.
Señaló Muñoz Santana que el interés casacional coexiste con el carácter nomofiláctico del recurso, el cual implica el control de la conformidad de la sentencia con las reglas de derecho, así como la función unificadora de la Corte de Casación; en ese sentido, para la admisibilidad del recurso, el recurrente debe demostrar que la sentencia impugnada no se corresponde con el orden jurídico, ya sea porque ha sido dictada en oposición a la doctrina jurisprudencial; porque existen sentencias contradictorias entre tribunales de segundo grado o entre salas de la propia Corte; o porque se han aplicado normas jurídicas sobre las cuales no existen criterios jurisprudenciales.
En el análisis comparado, participó junto a la magistrada Cecilia Durán Ujueta, magistrada de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, quien indicó que, en su país, el requisito de cuantía para la admisibilidad del recurso asciende
a mil (1,000) salarios mínimos y no se contempla el interés casacional; además, señaló que, en la casación, los jueces, al casar una decisión, pueden, en determinados supuestos, convertirse en jueces de instancia y decidir el fondo del asunto, adoptando todas las medidas necesarias para la instrucción del proceso. Muñoz Santana destacó que, en contraste, si bien la Ley núm. 2-23 introduce la posibilidad de fallo directo, los poderes de la Corte de Casación dominicana son más limitados que en su país, donde no se configura como una tercera instancia.
En este espacio, diseñado para profundizar con expertos nacionales e internacionales sobre las nuevas perspectivas del derecho frente a la transformación global, también participaron, desde Colombia, Estela Ropero Sánchez, presidenta emérita de la Colegiatura Mundial de Abogadas; la jueza de la Primera Sala del Tribunal Superior de Tierras, Catalina Ferreira, y Omar Ramírez Tejada, experto en política, sostenibilidad y diplomacia climática de la República Dominicana.
Durante la actividad, la Dra. Claudia León de Abuchaíbe, canciller de la Colegiatura Mundial de Abogadas (CMAB), dictó una conferencia magistral en la que planteó una visión estratégica sobre los desafíos jurídicos contemporáneos desde una perspectiva global.
Entre los presentes estuvieron Aniberky Mateo, directora del área académica de IGLOBAL, y la rectora Josefina Pimentel, así como juristas y estudiantes.
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